El Consell de Govern aprueba Decreto-ley de Simplificacion Administrativa

31/05/2024
Publicado en: Circulares

Este decreto busca simplificar los trámites administrativos y promover la digitalización en la gestión pública.

-- El decreto incluye la transformación de la Comisión Balear de Medio Ambiente en un organismo técnico.El órgano ambiental se integrará en la actual Dirección General de Coordinación y Armonización Urbanística que pasará a denominarse Dirección General de Armonización Urbanística y Evaluación Ambiental. La participación de los consells insulares y de los ayuntamientos queda garantizada en el procedimiento ambiental a través de la fase de consultas a las administraciones públicas.

-- medidas para regularizar viviendas fuera de ordenación.  Regularización extraordinaria de construcciones fuera de ordenación El Decreto ómnibus prevé que las edificaciones, construcciones, instalaciones y usos fuera de ordenación, respecto de los cuales a la entrada en vigor de este Decreto Ley ya no procede adoptar las medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística, se podrán legalizar con carácter extraordinario en el plazo máximo de tres años.Esta medida se dirige únicamente a edificaciones, construcciones y edificaciones contra las cuales la Administración ya no puede actuar, porque se trata de infracciones prescritas, contra las cuales ya no es posible una sanción ni el restablecimiento de la legalidad urbanística. La medida incorpora la prohibición de destinarlo a la comercialización de estancias turísticas. Se podrán acoger a esta medida extraordinaria aquellas edificaciones, construcciones e instalaciones construidas ocho años antes de la entrada en vigor del Decreto Ley. En el caso de edificaciones, construcciones e instalaciones ubicadas en suelo rústico protegido, serán aquellas construidas antes de la entrada en vigor de la Ley de ordenación y uso del suelo, de 29 de mayo de 2014. Por eso,se adopta la medida a cambio de exigir a los propietarios el pago de contraprestaciones económicas y la adopción de medidas medioambientales. Así, tendrán la obligación de contribuir, como el resto de propietarios, al procedimiento urbanístico con el pago de las mismas tasas e impuestos previstos para nuevas edificaciones, construcciones o instalaciones.

En los ámbitos de vivienda y urbanismo, una de las principales medidas nuevas es que se facilita una agilización de las licencias urbanísticas municipales y se da la opción —por lo tanto, de forma voluntaria— de externalizarlas a entidades colaboradoras urbanísticas (ECU), que emitirán los informes técnicos y jurídicos pertinentes, y de este modo conseguirán reducir los plazos de la concesión de estas licencias. Es una figura que existe en otras comunidades autónomas como la Comunidad de Madrid, Cataluña, Andalucía o la Comunidad Valenciana. Además, se elimina la exigencia de la cédula de habitabilidad de primera ocupación, que emiten los consells insulares, y se deja como base la licencia municipal de primera ocupación, dado que había una duplicidad evidente. Las licencias también se podrán externalizar a las ECU.

-- y la posibilidad de que los consejos insulares externalicen las inspecciones técnicas de vehículos. También se permite a los consells insulares externalizar las inspecciones técnicas de vehículos con el objetivo de agilizar estas revisiones y evitar las recurrentes listas de espera y los problemas para conseguir cita. Para ello, se permite la aplicación de la normativa nacional, que ya contempla esta posibilidad en el Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre. De este modo, la ejecución material de las inspecciones se puede realizar mediante la gestión directa de cada consell insular, mediante una sociedad de economía mixta y por empresas privadas, con su propio personal y en régimen de concesión administrativa o concesión, de acuerdo con el que determina cada consejo.


El texto prevé la modificación total o parcial de unas cincuenta leyes y decretos ley, con más de 170 cambios en los diferentes articulados.

El principal objetivo es que el exceso de burocracia deje de ser un obstáculo para los ciudadanos y disponer de una administración ágil y eficaz. 
-- Para avanzar en la transición energética, se establece la declaración de interés general, que agilizará la tramitación de proyectos de transición energética, como puntos de recarga de vehículos eléctricos o instalaciones de almacenamiento. Esto simplificará el procedimiento administrativo y reconocerá la utilidad pública de estos proyectos. Además, se modifica la Ley 10/2019, de cambio climático y transición energética, para elevar de 100kw a 500kw las instalaciones de placas fotovoltaicas que quedan exentas de la autorización administrativa previa, lo cual agilizará la implantación. De hecho, este umbral es el que marca la legislación básica estatal en esta materia. Del mismo modo, se posibilitará la vía telemática para las comunicaciones, las justificaciones y los registros de ayudas referentes a las energías renovables.

  -- Otras El nuevo Decreto contempla, entre otras muchas medidas, la posibilidad que de manera extraordinaria y temporal, los ayuntamientos pueden ubicar en suelo rústico y en cualquier otra clase medidas de suelo, público o privado, aparcamientos de vehículos para facilitar la movilidad en las épocas de más afluencia de visitantes, siempre con carácter provisional y una duración máxima de ocho meses cada año natural. 


--  Además, este Decreto crea el complemento retributivo en Educación de plazas de muy difícil cobertura para docentes en Menorca, Ibiza y Formentera, con el objetivo de garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales a toda la ciudadanía de Balears. 

-- Guía de simplificación El decreto ómnibus prevé la aprobación de una guía de simplificación administrativa, que establecerá las pautas para todas las administraciones de las Illes Balears, con el objetivo de que tanto las administraciones municipales como las insulares y también la autonómica dejen de ser vistas como un problema por los ciudadanos para pasar a ser una solución.

-- Finalmente, se establece la necesidad de disponer de un plan de digitalización a corto, medio y largo plazo que la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación ya está preparando para poder presentarlo próximamente. 

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